Overbooking

sobreventa-de-boletos-de-avic3b3n-696x461Se aproximan fechas en la que  muchos aprovechamos para hacer escapadas, visitar a la familia y descubrir nuevos lugares, siendo el avión uno de los medios más utilizados. Ahora bien, si decidimos viajar en avión tenemos que conocer alguno de los problemas habituales con los que nos podemos encontrar, nos referimos al overbooking (término en inglés que significa “sobreventa”). El overbooking se produce cuando la compañía aérea vende más plazas de las que realmente dispone el avión y, por tanto, es posible que se deniegue el embarque a algunos pasajeros por falta de plaza, pese a haber comprado su billete.

Conforme a las propias estadísticas de las aerolíneas, existe un porcentaje de los pasajeros que cancelan sus reservas en el último momento o no llegan nunca  a embarcar, por lo que para evitar pérdidas por lo costoso que resulta cada vuelo, realizan una  sobreventa de billetes. En este punto nos preguntaremos si esto es legal. Pues sí, la práctica del overbooking está amparada por la legislación aérea vigente.  Claro está que dicha legislación aérea es de defensa de las compañías aéreas, a lo que por contrapartida, debido a la gran cantidad de usuarios afectados por dicha práctica (en España cada año vienen  a ser unos 250.000 pasajeros), la Unión Europea  sale en defensa de los pasajeros garantizando su protección en el Reglamento CE nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004, en donde recoge el derecho de los pasajeros a obtener una indemnización e incluso a presentar una reclamación si no reciben una compensación o no están conformes con esta.

Conclusión, si somos de esos pasajeros a los que se nos deniega el embarque, ya de ver todos nuestros planes truncados, al menos debemos tener claro a qué tenemos derecho y cómo tenemos que actuar.

¿Qué ocurre si se produce overbooking en mi vuelo?

Vamos a centrarnos en Europa, ya que aquí rige el Reglamento mencionado anteriormente que es de aplicación a los vuelos que salgan de aeropuertos pertenecientes a la Unión Europea, a Islandia,  Noruega y Suiza, a los vuelos en los que la compañía sea de la Unión Europea, aunque el aeropuerto no lo sea, y a los vuelos en los que los pasajeros sean de la Unión Europea, aunque el aeropuerto y la compañía no lo sean.

Así pues, el Reglamento regula el overbooking en todos los billetes, sea cual sea la categoría de vuelos nacionales o internacionales, con dos excepciones, aquellos que viajen  de forma gratuita o con un billete de precio reducido que no esté a disposición del público (por ejemplo, vuelos para familiares y amigos de la tripulación), siendo en este caso las compañías las que decidan cómo actuar.

Cuando se produce el overbooking las aerolíneas solicitan a los pasajeros que, de forma voluntaria y a cambio de una compensación, renuncien a su asiento. Si el pasajero acepta, se conoce como overbooking voluntario, no podrá presentar reclamación a posteriori. Ahora bien,  si por el contrario, el pasajero no renuncia a su plaza y la aerolínea igualmente le impide embarcar estaremos ante un overbooking involuntario.  Y aunque a priori parece que es igual aceptar o no, veréis a continuación la diferencia. En ambos casos,  las compañías aéreas están obligadas por ley a rembolsar en el plazo de siete días el precio del billete de avión perdido y a facilitar el transporte hasta el destino final, o si el pasajero lo prefiere la devolución íntegra del billete (o  la parte proporcional, correspondiente al tramo del viaje no realizado).  Además de lo mencionado, en el caso del overbooking voluntario, es habitual que las aerolíneas faciliten comida, cheques viajes, asientos en categoría superior, gastos hasta otro aeropuerto si fuese necesario, sin que sea obligatorio. Por el contrario, en el caso del overbooking involuntario,  la aerolínea está obligada a proporcionar a los pasajeros comida y refrescos, hotel cuando haya que pernoctar, y dos llamadas, mensajes de fax o correos electrónicos.

Por consiguiente, aquí ya vemos alguna ventaja de no aceptar el overbooking. Pero además, lo que es fundamental, es que si el pasajero acepta el overbooking no podrá reclamar a la compañía posteriormente, por ello es recomendable que sopese los pros y los contras que conlleva la aceptación de la denegación del embarque.

¿Y qué es lo que podemos reclamar?

En el overbooking involuntario los pasajeros tienen derecho a obtener una compensación económica cuya cuantía dependerá de los kilómetros que iba a realizar el vuelo, es decir, los que hay entre el aeropuerto de origen y el de destino, y de si el vuelo era dentro o fuera de la zona comunitaria, independientemente del precio del billete.  A continuación, os mostramos una tabla con la cuantía indemnizable en función de los kilómetros que el vuelo tenía que recorrer: 

DISTANCIA DEL VUELO
INDEMNIZACIÓN VUELOS COMUNITARIOS
INDEMNIZACIÓN VUELOS NO COMUNITARIOS
Distancia <1.500 km
250 €
250 €
1.500> Distancia <35000
400 €
400 €
3.5000 > Distancia
400 €
600 €

Asimismo, si el pasajero acepta el transporte alternativo que le ofrece la compañía, y este llega al destino deseado con una diferencia horaria atendiendo al billete inicial, se podrá recibir una compensación económica que dependerá de los kilómetros,  el retraso y de la zona del vuelo. Os mostramos otra tabla con la indemnización que correspondería en cada caso:

 DISTANCIA DEL VUELO  RETRASO INDEMNIZACIÓN VUELOS COMUNITARIOS INDEMNIZACIÓN VUELOS NO COMUNITARIOS
Distancia <1.500 km hasta 2 horas 125 € 125 €
1.500> Distancia <35000 hasta 3 horas 200 € 200 €
3.5000 > Distancia hasta 3 horas 200 € 300 €

Está claro que por estas cantidades hubiéramos preferido disfrutar de nuestro vuelo sin molestias y proseguir nuestro viaje, pero ya vistos en esta situación, mejor es algo que nada, así que  el siguiente paso será acercarnos al mostrador de la aerolínea para hacer la reclamación.

¿Cómo reclamar?

La reclamación tiene que contener los datos del vuelo y pasajero, es decir, la fecha, hora, lugar, número de vuelo y datos de contacto, además de manifestar en la misma qué ha ocurrido. Por otro lado, el pasajero deberá guardar el billete de avión y resguardo del equipaje o cualquier otro documento que acredite que iba a realizar dicho vuelo.

Una vez presentada dicha reclamación, la compañía deberá responder. Ahora bien, si  no respondiera en un plazo prudencial  o la respuesta no fuera favorable, se podrá acudir a la vía judicial.

Nuestra recomendación es que reclaméis siempre, incluso aunque pueda resultar tedioso, y no dudéis en asesoraros jurídicamente si no os queda claro cómo hacerlo, o si no estáis conformes con la respuesta de la compañía.

¡Os deseamos buen viaje!

El despido de un representante sindical

La pérdida de una fuente de ingresos estable, así como la suspensión del desarrollo profesional lleva inevitablemente a que la palabra despido genere temor al tiempo que  ciertas creencias equivocadas sobre el blindaje de ciertos cargos. Nos vamos a referir aquí al despido del representante sindical.

 En primer lugar, debemos aclarar que un delegado sindical es un trabajador que se encarga de representar, a todos los efectos, a las secciones sindicales de la empresa o centro de trabajo y es elegido por y entre los afiliados de las mismas. Por tanto, dadas las funciones que tiene que desarrollar  como representante en defensa de los intereses de los trabajadores englobados en el sindicato, el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores le concede una serie de garantías para que pueda realizarlas de manera efectiva sin que su puesto de trabajo se vea amenazado.

Con tal fin se ha recogido legalmente que no se puede despedir a los representantes sindicales mientras tengan esa condición hasta pasado un año desde la finalización de su cargo -salvo que dicho fin se produzca por revocación o dimisión-, siempre y cuando la empresa base el despido en la acción sindical efectuada.

Ahora bien, en la práctica existen numerosos casos en los que se producen despidos de representantes sindicales por el ejercicio de sus legítimos derechos. Así pues, ante esta situación, el Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de dichos despidos al producirse la vulneración del artículo 28.1 de la Constitución Española, lo que trae como consecuencia que el representante sindical sea readmitido en el puesto de trabajo que venía ocupando con el pago de los salarios que no percibió desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia.

Pero no es esa la única garantía existente, y es que en los casos en que la empresa inicie un expediente sancionador por la comisión de una supuesta falta grave o muy grave que lleve aparejada el despido disciplinario, el representante sindical vuelve a gozar de una especial protección en tanto en que la ley le permite la apertura de un expediente contradictorio en el que tienen que ser oídos él y el resto de integrantes del sindicato al que perteneciese, en caso de que hubiera. Con ello se quiere dar la posibilidad al representante sindical de poder negar la veracidad de los hechos que se le atribuyen para garantizar en la medida de lo posible que dicho expediente no fue motivo de ninguna represalia empresarial.

Si como consecuencia de lo anterior, el despido realizado por causas disciplinarias es calificado por un juez como improcedente, ya sea porque la empresa no acredita suficientemente la causa del despido o porque no respeta las formalidades exigidas, el representante sindical es en este caso -y no la empresa- quien puede elegir, bien entre la readmisión en la empresa en la que venía prestando sus servicios o bien entre el abono de la indemnización correspondiente. En este sentido, se entenderá que opta por la readmisión si no manifiesta cuál es su preferencia y, en todo caso, será necesario que los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia le sean abonados, los denominados Salarios de Tramitación. Estos salarios de tramitación son los salarios a los cuales tiene derecho un trabajador cuando una empresa opte por la readmisión del trabajador, después de que un tribunal haya calificado el despido como improcedente o nulo. En el caso de los despidos nulos, recordemos que la empresa tiene la obligación de readmitir al trabajador, y por tanto, abonar los salarios de tramitación en cualquier caso. Por otro lado, ante la calificación por los tribunales del despido como improcedente, la empresa tiene dos opciones: Optar por la readmisión del trabajador abonándole los salarios de tramitación, o bien, abonar la indemnización correspondiente al despido improcedente, sin la necesidad de abonarle los salarios de tramitación. Pues la reforma laboral de 2012 eliminó los salarios de tramitación para los despidos calificados por los tribunales como improcedentes cuando la empresa optase por la indemnización. Sin embargo, cuando se declara improcedente el despido de un representante legal de los trabajadores o de un delegado sindical, la opción entre optar por la readmisión en la empresa o por la indemnización del despido improcedente corresponde al trabajador. Así pues, tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación.

Por último, no podemos acabar sin hacer referencia a una garantía que se fija para los casos en que el representante sindical pueda ser objeto de despidos colectivos o por causas objetivas, es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Para estos supuestos, el Estatuto de los Trabajadores establece que tiene prioridad de permanencia en el centro de trabajo frente al resto de trabajadores, por lo que la empresa tiene, ante la existencia de varios trabajadores, la obligación de mantener al que ocupa dicha posición de representante sindical.

Como se puede comprobar, es evidente que nos encontramos ante una figura de representación de los trabajadores que se beneficia de una serie de ventajas. A pesar de ello, las garantías que la ley le concede no tienen que ser entendidas como algo discriminatorio con respecto al resto de trabajadores, sino más bien como un instrumento para que su función de defensa de los mismos se realice de forma plena y sin injerencias empresariales. Por ello y dado que cada caso es un mundo, es indispensable un asesoramiento jurídico especializado que se adapte a las diferentes situaciones que puedan surgir y vele por los derechos de los trabajadores frente a posibles conductas empresariales de dudosa legalidad.

El desahucio

Cuando somos propietarios de un inmueble que no utilizamos para uso y disfrute propio, una buena opción para sacarle partido es el arrendamiento. Sin embargo, en ocasiones, los inquilinos nos pueden traer muchos problemas con la falta de pago de las rentas o la negativa a desalojar la vivienda cuando finaliza el contrato.  Es en estos casos cuando se puede llevar a cabo un desahucio.

Y si bien, en el lenguaje popular se utiliza el término de desahucio para hablar de los desalojos de viviendas derivados de ejecuciones hipotecarias, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil el concepto de desahucio se reserva a los arrendamientos urbanos para el desalojo de un inquilino que no paga la renta o para el supuesto de que finalizando el contrato el inquilino no abandone la vivienda.

Así pues, podríamos definir el desahucio como la acción que posee el propietario o arrendador de un inmueble para poder recuperar su posesión, ya sea por falta de pago o por terminación del contrato. En estos casos, a fin de proteger al arrendador, en derecho se cuenta con la acción de desahucio.

Siguiendo el dicho de “hablando se entiende la gente”, lo primero que se debe hacer es intentar solucionar el problema extrajudicialmente, es decir, poniéndose en contacto con el inquilino del inmueble e informarle de lo que está pasando. No obstante, si el inquilino hace caso omiso se debe dejar constancia fehaciente de estos requerimientos explicando la situación. Por tanto, en el caso de que el inquilino no responda, deje de abonar más de tres mensualidades, haya incumplido previos compromisos de pago sin ningún tipo de explicaciones razonables o manifieste de algún modo que no abandonará el inmueble de ninguna manera, no quedará más remedio que acudir a la vía judicial para poner fin a esta situación. Llegados a este punto, lo mejor que se puede hacer es contratar los servicios de un abogado, puesto que se trata de un requisito indispensable para llevar a cabo esta acción por vía judicial y será él quien deba presentar la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia donde se encuentre la vivienda ocupada.

La tramitación del procedimiento de desahucio es distinta dependiendo de si hablamos de un desahucio por falta de pago o por terminación del contrato, aunque también se encuentran varias similitudes entre ellos.

Así pues, por un lado, en el procedimiento por falta de pago, una vez presentada y admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia dictará  un Decreto requiriendo al inquilino demandado para que actúe. Lo idóneo sería que el inquilino hiciera caso de dicho requerimiento, pero desgraciadamente no siempre es así, por tanto, en caso de que no pague, no comparezca para oponerse, pero sí desaloje la vivienda voluntariamente, se dará terminado el procedimiento y se dará traslado al demandante para que realice la reclamación de la cantidad debida. Si, por el contrario, ni paga, ni se opone, ni abandona el inmueble voluntariamente, se dictará Decreto dando por terminado el juicio de desahucio y procediendo al desalojo en la fecha fijada.

Por último, también nos podemos encontrar en el supuesto de que el inquilino comparezca ante el Juzgado y formule oposición invocando las razones por las según él no adeuda dicha cantidad reclamada, alegando incluso las circunstancias relativas que pueden dar lugar a la enervación de la acción. Esta acción se regula en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se trata de la acción con la que cuenta el arrendatario (demandado)  contra el propietario (demandante)  para pagar las rentas o mensualidades que se deben (tanto las inicialmente pactadas como las actualizadas) antes del día de la vista del juicio, por lo que en principio se cancelaría dicha acción de desahucio y el arrendatario podría seguir con el contrato de alquiler. Ahora bien, el arrendador (demandante) puede oponerse a dicha acción de enervación si lo estima conveniente, lo que llevaría a citar a ambas partes a una vista para que puedan alegar lo que crean oportuno y el juez dicte sentencia donde estimaría la enervación o bien el desahucio.

Es  importante destacar que no podría optar por la enervación si el inquilino demandado ya hubiese ejercitado previamente esta acción o si el arrendador hubiese requerido el pago al arrendatario por medio de cualquier medio fehaciente con al menos un mes de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado en el momento de dicha presentación. Además, la enervación tiene un inconveniente para el arrendatario, ya que la resolución que declara enervada la acción de desahucio le condena al pago de las costas devengadas, a no ser que las rentas y cantidades debidas no se hubieran cobrado por causas imputables al arrendador.

             Siguiendo con la tramitación del procedimiento, esta vez el relativo al supuesto de desahucio a causa de la terminación del contrato o por precario, una vez presentada la demanda, se dará traslado de la misma al inquilino, teniendo este un plazo para contestar dicha demanda por escrito. Además, cualquiera de las partes puede solicitar que se celebre la vista, y de ser así, se celebraría el día que indique el Juzgado.

Sin embargo, a pesar de todo ello, puede suceder que después de haber luchado por nuestra vivienda, llevando a cabo todos los trámites legales de forma correcta y haber conseguido por fin recuperarla, nos encontremos con la lamentable situación de que el arrendatario nos deje la vivienda en unas condiciones pésimas, por lo que, si esto ocurre, debemos reclamar todos los daños e imperfectos que el inquilino hubiera ocasionado en la vivienda o mobiliario.

En cuanto a la manera de iniciar la reclamación al ex inquilino, cualquier forma de comunicación puede ser de utilidad para reclamar responsabilidades por los daños causados, aunque si hemos tenido que acudir a la vía judicial para que abandonara el inmueble, sobra decir que una notificación amistosa no servirá de mucho. Así pues, lo mejor es dejar constancia de la notificación al arrendatario a través de un burofax, obtener todas las pruebas posibles del estado del inmueble, ya sea mediante fotos, testigos, acudiendo a un perito… pues es el propietario el que debe acreditar todos los daños ante el juez y acudir a un abogado para interponer la correspondiente demanda al respecto.

Como se puede apreciar, desde el comienzo hasta la consecución del desahucio pasa un tiempo considerable. Debido a la situación económica que se estaba viviendo en nuestro país, unido al hecho de que mucha gente se aprovechaba de estos plazos, sin considerar que detrás de ese arrendador a veces hay gente que vive de ese alquiler y que está tan necesitada o más que el arrendatario, el Estado, en un ánimo de que ninguna de las partes se viera perjudicada, ha intentado simplificar estos trámites y agilizar el proceso en caso de impago con la Ley de Desahucio Exprés. Esta ley entró en vigor en España en 2009  mediante una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil y con ella se pretendía que los inquilinos que se retrasasen en el pago de la renta de alquiler pudiesen ser desahuciados en un plazo de diez días a partir de la tramitación de la demanda. Ahora bien, en líneas generales apenas se han notado demasiadas mejorías desde su entrada en vigor principalmente debido a la saturación de los Juzgados, por lo que todo va a depender del Juzgado que nos corresponda. El problema, por lo tanto, no está en la legislación, que es muy correcta, sino más bien en los medios materiales y humanos para poder hacer cumplir la ley de forma eficiente.

Pérdida y daños en el equipaje

Nos encontramos en el periodo estival donde la mayor parte de nosotros aprovechamos estos meses para viajar y disfrutar de las vacaciones de verano lejos de nuestras casas, para lo que un gran número de personas escoge el transporte aéreo como forma de realizar estos desplazamientos. Sin embargo, esta clase de transporte puede ocasionar varias complicaciones, entre ellos problemas con el equipaje. Así pues, nos podemos encontrar que llegados a destino nuestro equipaje aparezca con diversos daños o deterioros, llegue con retraso, o incluso no aparezca. Por ello, es muy importante conocer los medios que la legislación actual nos ofrece para poder reclamar todo tipo de daño, retrasos o pérdida del equipaje.

Gran parte de esta regulación la encontramos en el Convenio de Montreal para la unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional del que España forma parte. Se trata de un convenio que regula la responsabilidad civil en el transporte aéreo internacional en cuestiones relativas al transporte de mercancías y de pasajeros. En él aparecen las normas que tanto las compañías de vuelo como los pasajeros deben cumplir, así como todo lo relacionado con el daño, retraso o pérdida  que puede sufrir el equipaje en manos de la compañía aérea, y tiene aplicación tanto en vuelos nacionales como internacionales. Aunque este convenio es el más importante, completo y del que más Estados forman parte, también es necesario tener en cuenta la normativa propia de cada país. Así, en España encontramos la Ley de Navegación Aérea, que regula el tráfico aéreo y el transporte de pasajeros, mercancía  y equipajes, y el Real Decreto 37/2001, el cual actualiza la cuantía de las indemnizaciones por los daños ocasionados por el vuelo.  Pese a la existencia de normativa española, para las indemnizaciones relativas a equipajes y mercancía se aplicará solo el Convenio de Montreal.

Adentrándonos ya en el tema de la responsabilidad por pérdida, daños o retrasos del equipaje, y tal como indica el -Convenio de Montreal, las aerolíneas son las únicas responsables del transporte de equipajes y de cualquier incidencia que les ocurra cuando se encuentre bajo su custodia, independientemente de si el equipaje está incluido en la tarifa del billete o si lo ha encontrado y pagado como un extra. Sin embargo, sobre el derecho a indemnización por daño moral es el Derecho nacional de cada Estado el que decide si corresponde.

Por lo tanto, las compañías son responsables de los daños o pérdida  del equipaje  desde el momento en que se factura o desde que se encuentre bajo su custodia, siempre y cuando haya sido causado por su personal. Igualmente serán responsables de los retrasos en la entrega cuando por cuestiones logísticas el equipaje no llega al aeropuerto de destino a tiempo. A este respecto,  en el ámbito europeo existe el Reglamento nº 889/2002 del Consejo sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, el cual nos dice que la aerolínea también es responsable de la pérdida o daños en el equipaje facturado aunque sea sin culpa de la compañía. Al contrario del equipaje no facturado, en el que debe mediar siempre culpa de la compañía.

Así pues, cuando ocurre alguno de los supuestos mencionados,  se debe realizar una reclamación por daños, pérdidas o retraso del equipaje. Para ello, lo primero que hay que hacer es acudir a la compañía y solicitar la hoja de reclamación. En el caso de que la aerolínea no disponga de dicha hoja, se puede realizar la reclamación mediante carta escrita dirigida a la compañía. Es muy importante conservar el billete, el talón del equipaje y demás documentos utilizados, ya que es necesario probar que el pasajero ha tomado el vuelo y ha llevado equipaje. Es conveniente formular la reclamación con la mayor brevedad, a ser posible en el mismo momento en que se produzca el daño, pérdida o retraso en el equipaje, porque se presume que la aerolínea  ha entregado el equipaje nada más llegar al aeropuerto y en perfecto estado, a no ser, que se cumplimente el llamado PIR (Parte de Irregularidad de Equipaje), declarando el retraso o los daños. En el supuesto de que esto no se realice, será el pasajero el que debe probar que el equipaje no ha sido entregado en buen estado y de conformidad con el billete.

Por otra parte, al realizar la reclamación es importante tener en cuenta los plazos para poder efectuarla. Estos plazos son distintos dependiendo de la causa de la reclamación. Por un lado, si se trata de un daño en el equipaje, se debe presentar a la compañía una protesta inmediatamente después de haber percibido el daño, y a más tardar, durante los 7 días posteriores a la recepción del equipaje. Por otro lado, cuando la causa de la reclamación sea por retraso del equipaje, la protesta debe realizarse dentro de los 21 días a partir de la fecha en que el equipaje se haya puesto a disposición del pasajero. Ahora bien, si después de este plazo de 21 días el equipaje sigue sin aparecer, este se considera extraviado, y habrá que formular otra reclamación a la compañía por pérdida de equipaje.

En ocasiones puede ocurrir que falte algún objeto dentro del equipaje, en este supuesto se puede interponer igualmente una reclamación  ante la compañía en el plazo de 7 días, aunque es recomendable denunciar los hechos en la comisaría de policía.

Aun así, las compañías siempre van a poner las mayores trabas posibles y dilatar el proceso al máximo, lo que muchas veces hace que el pasajero desista del derecho de reclamar la pérdida o daños sufridos en el equipaje. Por ello, si tras realizar la reclamación pertinente la compañía no contesta en el plazo de un mes, o esta es desfavorable, existe la posibilidad de interponer una demanda judicial en el plazo de 2 años a partir de la llegada del avión o del día en que hubiese debido llegar el equipaje.

En cuanto a la indemnización que se podría obtener, el Convenio de Montreal establece un límite máximo de 1131 derechos especiales de giro (DEG). El  DEG es una unidad monetaria creada y utilizada por el Fondo Monetario Internacional que funciona como unidad de cuenta y cada cinco años va actualizándose. Actualmente 1131 DEG equivalen  a 1.360 euros aproximadamente pues depende de  cómo se encuentre el tipo de cambio en el momento. Sin embargo, si el pasajero porta objetos valiosos cuyo importe supera la cantidad de 1131 DEG existe la opción de  hacer una Declaración especial de valor antes de emprender el vuelo y su funcionamiento es el de un seguro, garantiza la indemnización del valor de los bienes que se extravíen, siempre y cuando se definan específicamente y se abone, antes de la facturación, una tarifa adicional.

En el supuesto de que el equipaje llegue con retraso es posible reclamar los costes que hayan tenido que efectuarse a consecuencia del tiempo que el pasajero ha pasado sin su equipaje. Para la reclamación de estos gastos hay que diferenciar dos escenarios distintos. Por un lado, la situación en la que el pasajero al terminar su vuelo no se encuentra en su lugar de residencia, en este caso se presume que el pasajero ha tenido que adquirir una serie de bienes mínimos para su subsistencia durante el tiempo que ha estado privado de su equipaje y estos son los gastos que el pasajero puede reclamar a la compañía mediante la presentación del ticket o factura de compra. La otra situación que se puede presentar es que el pasajero al terminar su vuelo se encuentre en su lugar de residencia y entonces se entiende que tiene en su domicilio elementos análogos a los que llevaba en el equipaje, en este caso el pasajero solo podrá reclamar los gastos que acredite que son necesarios.

 Con todo, y para ahorrar posibles dificultades, la mayoría de las aerolíneas, e incluso compañías de seguro externas, ofrecen la posibilidad de contratar un seguro de viaje que brinde protección ante situaciones no previstas que pueden surgir durante el vuelo como son la pérdida, daños o retraso del equipaje.

¡Les deseamos un feliz viaje!

Los intereses moratorios en los Contratos de Préstamo

Cuántas veces hemos oído el buen consejo de que “hay que leer lo que se firma” y, sin embargo, poca gente lo sigue.  Leer y comprender bien las cláusulas del contrato que vamos a firmar es una premisa básica, pues mediante la firma se contraen una serie de derechos y obligaciones que será imposible eludir y que nos pueden acarrear graves perjuicios.  Es cierto que la abundancia de terminología de un sector específico, el lenguaje enrevesado y poco claro con el que se redactan ciertas cláusulas ha sido una técnica de la que se han valido en el sector bancario para conseguir así la firma de ciertas condiciones que el cliente ni se cuestionaba y que resultaban siendo perjudiciales para el cliente. Uno de estos supuestos ocurre en los contratos de préstamo.

En estos contratos de préstamo se incluyen normalmente unas cláusulas relativas a dos tipos de intereses, los remuneratorios y los moratorios. Los primeros son los que todos damos por hecho que tenemos que abonar por prestarnos dinero. El Tribunal Supremo define los intereses remuneratorios como contraprestación por el dinero prestado por la entidades bancarias. Está claro que todo capital que se entrega en calidad de préstamo o crédito debe generar un rendimiento, y que por la entrega de ese capital para que lo disfrute un tercero se debe percibir una contraprestación. Ahora bien, existe otro tipo de intereses que, además de incluirse en los contratos de préstamo normalmente de manera poco clara, en el fondo se trata de un supuesto que nadie quiere imaginarse: demora en el pago, pues a la hora de solicitar un préstamo nadie cuenta con ello. El interés moratorio es aquel sancionatorio, es el interés que se aplica una vez haya vencido el plazo para reintegrar el capital entregado en calidad de préstamo y no se haga el pago. Así pues, el interés moratorio solo operaría una vez vencidos los plazos pactados, puesto que mientras el plazo no haya vencido, solo  operaría el interés remuneratorio.

                La cláusula de intereses moratorios, expresada normalmente mediante un porcentaje, se incorpora al contrato como salvaguardia del banco.   Hasta aquí la postura de la entidad bancaria parece entendible y de hecho es lícita, pues si no existiesen unos plazos para la devolución del dinero prestado, los clientes podrían retrasarse en el pago lo que considerasen oportuno ocasionando perjuicios para la entidad bancaria. No obstante, el problema radica en que esa cláusula se emplea en determinadas ocasiones de forma abusiva al imponerse unos intereses moratorios demasiado elevados y sin proporción alguna.

Ante esta situación y para proteger los intereses de los clientes de los servicios bancarios el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 265/2015, de 22 de abril de 2015, ha fijado un límite en la aplicación de los intereses moratorios en los contratos de préstamo personales, de tal manera que estos en ningún caso deben superar a los intereses remuneratorios en más de dos puntos porcentuales.  Y ese mismo criterio lo hace extensivo a los préstamos hipotecarios en su Sentencia nº 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, y  aclara que la superación de ese límite supone: “La imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.”. Será en su Sentencia de 8 de septiembre de 2015 en la que el Tribunal Supremo deja claro que resultaría abusivo un interés de demora superior a dos puntos porcentuales respecto al interés remuneratorio establecido en el contrato: “10.- En nuestra anterior sentencia, la núm. 265/2015, de 22 de abril , consideramos que el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores, que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones….”

Por tanto, para averiguar si esta cláusula se ha incluido en el contrato de manera abusiva basta con acudir a la escritura del préstamo y comprobar, mediante la lectura de la misma, si el porcentaje establecido para los intereses moratorios supera en dos puntos el establecido para los intereses remuneratorios. A modo de ejemplo, si la cláusula de intereses moratorios se fijase en un 6% y la de intereses remuneratorios se fijase en un 2%, nos encontraríamos ante unos intereses moratorios abusivos porque superarían en más de dos puntos porcentuales a los remuneratorios.

¿Y qué ocurre si fuera abusiva dicha cláusula?

La declaración de abusividad determina la expulsión de la cláusula del contrato. Así pues, ya no cabría la aplicación de ningún tipo de interés de demora, ni siquiera, la reducción del mismo hasta uno que se considere “aceptable”. Así lo contempla el Tribunal Supremo en la referida Sentencia de fecha 8 de septiembre de 2015: “Por consiguiente, también en el supuesto objeto de este recurso, la consecuencia de la apreciación de la abusividad del interés de demora no debe ser la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha dado en llamar “reducción conservadora de la validez”) ni la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal o cualquier otra de las normas que prevén el interés de demora en determinados sectores de la contratación. Pero tampoco el cese en el devengo de cualquier interés. Es, simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, porque ese es el contenido de la cláusula considerada abusiva, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada.”

En definitiva, quienes se vean afectados por el incumplimiento del límite establecido por el Tribunal Supremo podrán reclamar a los bancos que dicha cláusula se declare nula con la consiguiente eliminación del contrato.

Por consiguiente, para formalizar la citada reclamación es preciso, en primer lugar y, como intento de solución extrajudicial, enviar un burofax a la entidad bancaria con la que se formalizó el préstamo y solicitar la eliminación de dicha cláusula. No obstante, si el banco no ofrece ninguna solución al respecto, será necesario iniciar un procedimiento judicial mediante la presentación de una demanda ante el Juzgado del domicilio de los reclamantes, siendo necesaria para ello la intervención de abogado y procurador, sustanciándose el procedimiento a través del juicio ordinario.

Ahora bien, no hay que olvidar que también puede suceder que, constando esa cláusula en la escritura del préstamo y cobrándose los intereses moratorios por encima del máximo autorizado, antes de formalizar reclamación alguna, el banco se adelante e inicie con respecto a los clientes un procedimiento de ejecución debido a la existencia de varios retrasos en el pago. En este caso, la vía de actuación consiste en formular un escrito de oposición ante la ejecución planteada poniendo de manifiesto el carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios y, de estimarse, se pondría fin a la misma.

Como se puede ver, no todo vale ante el retraso en el abono de las cuotas derivadas de los contratos de préstamo por parte de los clientes. Los bancos han de ajustar las consecuencias de la demora a la legalidad y ser adecuadas al perjuicio que esta ocasiona, sin que su facultad sancionadora pueda sobrepasar los límites fijados. Por ello, para velar por los intereses de los afectados por determinados abusos bancarios, es de vital importancia tener un adecuado asesoramiento jurídico que, dependiendo de la situación ante la que nos encontremos, nos guíe en las actuaciones a seguir para conseguir el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Prueba

Con los tiempos que corren, lograr el cobro de alguna deuda entraña grandes dificultades y esfuerzos. Y es que tan solo el hecho de pensar en reclamar judicialmente la cantidad debida se hace desagradable, se invierte mucho tiempo y energía, de manera que puede que nos lleve a pensar que no compense la reclamación de dicha deuda. Es por ello que nuestra legislación, para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, ha creado un procedimiento judicial especial con el que poder reclamar la deuda de una manera rápida y sencilla, el denominado procedimiento monitorio.

Este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 812 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y se inicia con el motivo de intentar el cobro de una deuda dineraria. Ahora bien, es necesario que esa deuda reúna una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que estar perfectamente determinada, concretándose mediante una cantidad, aunque no existen límites en su importe y se pueden reclamar tanto deudas elevadas como de menor cuantía. Por otra parte, deberá encontrarse vencida, es decir, que haya transcurrido el tiempo inicialmente pactado para el abono de la misma. Y, por último, el pago de la deuda no tiene que depender del cumplimiento de condición alguna, por tanto, tiene que ser exigible.

No obstante, antes de comenzar a judicializar el asunto, es muy importante que la persona afectada por la deuda y que requiere su pago, es decir, el acreedor, requiera el pago al deudor mediante burofax para intentar que realice el abono. Ello nos será de mucha utilidad a la hora de iniciar el procedimiento monitorio, pues tendremos un documento que pruebe la existencia de la deuda y que demuestre la negativa del deudor a pagarla.

Dicho lo cual y, tras ello, para comenzar el procedimiento monitorio, el acreedor tiene que presentar un escrito que recibe el nombre de petición inicial de monitorio. Esta petición se debe dirigir contra el deudor y presentarse ante el Juzgado del domicilio de este, no siendo necesaria la intervención de abogado ni de procurador, lo que implica que en este procedimiento no existan costas procesales. A pesar de ello, se recomienda que intervengan estos profesionales porque la elaboración del escrito será más adecuada, siempre conviene que conozcan desde el principio todos los detalles del proceso para realizar un buen asesoramiento y, sobre todo, porque puede que el procedimiento monitorio acabe transformándose en un procedimiento verbal u ordinario en el que sí será necesaria acudir a estos profesionales.

A la hora de redactar la petición es fundamental que aparezca una serie de datos, tales como los identificativos del acreedor y del deudor, así como sus domicilios, el origen de la deuda y su cuantía. Ahora bien, como siempre se tiene que justificar aquello que se quiere reclamar, esa petición debe acompañarse de cualquier documentación que pruebe y demuestre la existencia de la deuda como, por ejemplo, los documentos que estén firmados por el deudor o con su sello, las facturas, los albaranes de entrega, las certificaciones, los telegramas, así como las comunicaciones que se han notificado al deudor requiriendo el pago de la deuda.

En relación a la citada documental, supone un supuesto especial las deudas existentes en las Comunidades de Propietarios, pudiendo aportar al respecto los recibos que se encuentren impagados. Algo similar ocurre cuando se adeudan las matrículas y las cuotas de los Colegios, siendo aconsejable aportar, además de los citados recibos, los documentos en los que se lleve a cabo un reconocimiento de la deuda o un compromiso de pago posterior, lo que es bastante habitual en estos casos.

Pues bien, una vez presentada y admitida la petición, el Juzgado requiere al deudor para que o bien pague la deuda o bien se oponga a la misma en un plazo de 20 días.

Aunque puede ocurrir que el deudor pague la cantidad debida y se archive el procedimiento monitorio, lo cierto es que, desgraciadamente, no siempre se tiene esa suerte y hay veces en las que el deudor pone más impedimentos para realizar el pago.

Ello se produce cuando el deudor se opone a la petición, alegando los motivos por los que, según él, no debe pagar la deuda que se le exige. Normalmente, como maniobra dilatoria para realizar el pago de la deuda, los motivos de oposición del deudor se centran en alegar que sí se pagó la deuda o que se compensó, que se exige una cuantía superior a la realmente debida, que ha transcurrido el plazo para reclamarla o que existe un pacto de no requerimiento entre las partes. Así pues, si esto ocurre, el procedimiento monitorio finaliza y, automáticamente la reclamación sigue su curso a través del procedimiento judicial que corresponda según la cuantía de la deuda, debiendo seguirse el procedimiento verbal si la misma es inferior a 6.000 euros y el procedimiento ordinario para los casos en que se supere esa cifra. Todo ello tiene como consecuencia que el asunto se tenga que resolver a través de la celebración de una vista o un juicio posterior, con la necesidad, ahora sí, de ser asistidos por abogado y procurador.

No hay que olvidar, que también puede darse el caso de que el deudor ni pague ni se oponga a la petición. En ese caso el Juzgado emitirá un Decreto dando por finalizado el procedimiento monitorio. Dicho Decreto tiene el valor de una sentencia y los efectos de un título ejecutivo, lo que hace que se pueda solicitar el inicio de un procedimiento de ejecución, y como consecuencia de ello, se puedan embargar todos los bienes del deudor necesarios para cubrir la cantidad debida y, con ello, efectuarse el pago.

En definitiva, aunque existen también otras vías para reclamar el impago, el procedimiento monitorio supone una serie de ventajas, al agilizar todos los trámites, debido a sus escasas formalidades y a sus breves plazos, así como al garantizar en gran medida el pago, pudiendo embargar los bienes del deudor en caso de que no se manifieste sobre la petición presentada.

Como se puede ver, no todo está perdido cuando el deudor se niega a pagar voluntariamente la deuda contraída. Gracias a este procedimiento y con un buen asesoramiento jurídico que realice una tramitación apropiada, aumentan las posibilidades de conseguir el abono de la cantidad adeudada.

La modificación de medidas

Es cierto que la crisis económica de los últimos diez años, los cambios que se vienen produciendo en la sociedad y la nueva legislación formal sobre la custodia compartida pueden ocasionar que aquellas medidas dispuestas en el Convenio Regulador y en la sentencia de separación o divorcio no se adapten a la nueva realidad.  Y es que las relaciones de familia tienen un carácter evolutivo que no se puede prever pero del cual el legislador sí es consciente. Es por ello por lo que trata de regular este hecho cuando dispone en los artículos 90 y 91 del Código Civil y en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la posibilidad de que las medidas se puedan modificar cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.

Así pues, queda claro que estos artículos no permiten la revisión arbitraria de resoluciones firmes cuando subsisten las mismas circunstancias que las determinaron, pues el proceso de modificación de medidas no es una excusa para revisar lo dictado en un procedimiento anterior ni puede convertirse en una nueva instancia, ya que vulneraría el principio de seguridad jurídica y de cosa juzgada que rigen todo procedimiento civil.

En definitiva, dichas medidas adoptadas no son inamovibles y se podrá solicitar su modificación siempre y cuando se  cumplan lo dispuesto a continuación.

En primer lugar, es necesario que haya ocurrido un cambio objetivo con respecto a la situación que existía en el momento de dictarse la sentencia, lo que implica que se hayan producido hechos nuevos que no fueron tenidos en cuenta previamente por no existir en aquel  entonces. En segundo lugar, es preciso que ese cambio tenga una importancia suficiente como para que se lleve a cabo la modificación y que tenga carácter de permanencia, es decir, que vaya a prolongarse durante un tiempo considerable y, por tanto,  no sea  un hecho puntual. Finalmente, hay que tener en cuenta que el cambio debe ser involuntario e imprevisible, es decir, no debe ser buscado intencionadamente, ni siquiera puede haberse supuesto ni imaginado con antelación.

Así pues, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, para solicitar la modificación de la sentencia de separación o divorcio será necesario comenzar el procedimiento de solicitud de modificación de medidas en el mismo Juzgado que tramitó el procedimiento de separación o divorcio.

Si bien normalmente son los ex cónyuges, de mutuo acuerdo o de forma contenciosa, quienes inician este procedimiento, siempre con la intervención de abogado y procurador, también lo puede iniciar de oficio el Ministerio Fiscal si hubiese hijos menores o incapacitados.

En caso de que ambos ex cónyuges deseen la modificación de medidas de mutuo acuerdo, se iniciará el procedimiento presentando un convenio regulador pactado de mutuo acuerdo en el que se recogerán las modificaciones que se pretenden. Ese convenio se unirá a una demanda que se presentará en el juzgado. Una vez admitida la demanda el Juzgado citará a los ex cónyuges en un plazo de tres días para que se ratifiquen en lo solicitado y solo habrá que esperar a que el Juez dicte Sentencia.

Ahora bien, si por otro lado no existe acuerdo entre los ex cónyuges, el procedimiento debe comenzarlo el ex cónyuge que desee la modificación de medidas presentando la demanda con las medidas que desea modificar. El procedimiento contencioso es más complicado pues para conseguir esta modificación se debe probar que han cambiado las circunstancias y que dicho cambio es un cambio sustancial. De esta demanda se dará traslado a la otra parte, que tendrá un plazo de 20 días hábiles para contestar a la misma desde el día de la notificación de la demanda. La contestación también deberá ser realizada mediante intervención de abogado y procurador.

Contestada la demanda el juzgado competente fijará día y hora para la celebración del correspondiente juicio, donde se debatirá primero si existe alteración de las circunstancias, si la alteración es sustancial y se entrará en el fondo del asunto, es decir, si realmente procede o no, cambiar aquellas peticiones que se han planteado en la demanda.

En ambos casos, se deben explicar y justificar todos los cambios que se han producido, haciéndose una comparativa entre las circunstancias existentes en el momento de dictarse la sentencia y las actuales. Para ello es muy importante acompañar todos los documentos que demuestren esos cambios como, por ejemplo, en caso de que nos encontremos ante un cambio en la situación económica, pues aportaríamos las nóminas de los últimos meses, las declaraciones de la renta de los últimos años, así como los gastos que se tengan que afrontar obligatoriamente en los quehaceres de la vida rutinaria. Además de esa documentación, también se debe acompañar en todo caso la certificación de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil y, en su caso, la certificación del nacimiento de los hijos.

Después de ello y, con independencia de cómo se haya iniciado el procedimiento, el Juez entrará a valorar lo manifestado y dictará una nueva sentencia al respecto, bien manteniendo las medidas iniciales o bien modificándolas, pero siempre teniendo en cuenta por encima de todo el interés de los hijos menores o incapacitados, en caso de que existiesen.

Cabe destacar que si no se estuviese de acuerdo con la sentencia dictada, se podrá recurrir la misma interponiendo recurso de apelación en el plazo de 20 días ante el mismo Juzgado que la emitió.

Es importante evaluar la situación individual de cada persona para solicitar la modificación de las medidas que se incluyen en una sentencia de separación o divorcio y plantearlo de la manera más adecuada posible. Un asesoramiento jurídico que se adecúe a sus necesidades ayudará en gran medida a que la modificación que se pretende se pueda conseguir y sea exitosa.

El procedimiento monitorio

Con los tiempos que corren, lograr el cobro de alguna deuda entraña grandes dificultades y esfuerzos. Y es que tan solo el hecho de pensar en reclamar judicialmente la cantidad debida se hace desagradable, se invierte mucho tiempo y energía, de manera que puede que nos lleve a pensar que no compense la reclamación de dicha deuda. Es por ello que nuestra legislación, para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, ha creado un procedimiento judicial especial con el que poder reclamar la deuda de una manera rápida y sencilla, el denominado procedimiento monitorio.

Este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 812 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y se inicia con el motivo de intentar el cobro de una deuda dineraria. Ahora bien, es necesario que esa deuda reúna una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que estar perfectamente determinada, concretándose mediante una cantidad, aunque no existen límites en su importe y se pueden reclamar tanto deudas elevadas como de menor cuantía. Por otra parte, deberá encontrarse vencida, es decir, que haya transcurrido el tiempo inicialmente pactado para el abono de la misma. Y, por último, el pago de la deuda no tiene que depender del cumplimiento de condición alguna, por tanto, tiene que ser exigible.

No obstante, antes de comenzar a judicializar el asunto, es muy importante que la persona afectada por la deuda y que requiere su pago, es decir, el acreedor, requiera el pago al deudor mediante burofax para intentar que realice el abono. Ello nos será de mucha utilidad a la hora de iniciar el procedimiento monitorio, pues tendremos un documento que pruebe la existencia de la deuda y que demuestre la negativa del deudor a pagarla.

Dicho lo cual y, tras ello, para comenzar el procedimiento monitorio, el acreedor tiene que presentar un escrito que recibe el nombre de petición inicial de monitorio. Esta petición se debe dirigir contra el deudor y presentarse ante el Juzgado del domicilio de este, no siendo necesaria la intervención de abogado ni de procurador, lo que implica que en este procedimiento no existan costas procesales. A pesar de ello, se recomienda que intervengan estos profesionales porque la elaboración del escrito será más adecuada, siempre conviene que conozcan desde el principio todos los detalles del proceso para realizar un buen asesoramiento y, sobre todo, porque puede que el procedimiento monitorio acabe transformándose en un procedimiento verbal u ordinario en el que sí será necesaria acudir a estos profesionales.

A la hora de redactar la petición es fundamental que aparezca una serie de datos, tales como los identificativos del acreedor y del deudor, así como sus domicilios, el origen de la deuda y su cuantía. Ahora bien, como siempre se tiene que justificar aquello que se quiere reclamar, esa petición debe acompañarse de cualquier documentación que pruebe y demuestre la existencia de la deuda como, por ejemplo, los documentos que estén firmados por el deudor o con su sello, las facturas, los albaranes de entrega, las certificaciones, los telegramas, así como las comunicaciones que se han notificado al deudor requiriendo el pago de la deuda.

En relación a la citada documental, supone un supuesto especial las deudas existentes en las Comunidades de Propietarios, pudiendo aportar al respecto los recibos que se encuentren impagados. Algo similar ocurre cuando se adeudan las matrículas y las cuotas de los Colegios, siendo aconsejable aportar, además de los citados recibos, los documentos en los que se lleve a cabo un reconocimiento de la deuda o un compromiso de pago posterior, lo que es bastante habitual en estos casos.

Pues bien, una vez presentada y admitida la petición, el Juzgado requiere al deudor para que o bien pague la deuda o bien se oponga a la misma en un plazo de 20 días.

Aunque puede ocurrir que el deudor pague la cantidad debida y se archive el procedimiento monitorio, lo cierto es que, desgraciadamente, no siempre se tiene esa suerte y hay veces en las que el deudor pone más impedimentos para realizar el pago.

Ello se produce cuando el deudor se opone a la petición, alegando los motivos por los que, según él, no debe pagar la deuda que se le exige. Normalmente, como maniobra dilatoria para realizar el pago de la deuda, los motivos de oposición del deudor se centran en alegar que sí se pagó la deuda o que se compensó, que se exige una cuantía superior a la realmente debida, que ha transcurrido el plazo para reclamarla o que existe un pacto de no requerimiento entre las partes. Así pues, si esto ocurre, el procedimiento monitorio finaliza y, automáticamente la reclamación sigue su curso a través del procedimiento judicial que corresponda según la cuantía de la deuda, debiendo seguirse el procedimiento verbal si la misma es inferior a 6.000 euros y el procedimiento ordinario para los casos en que se supere esa cifra. Todo ello tiene como consecuencia que el asunto se tenga que resolver a través de la celebración de una vista o un juicio posterior, con la necesidad, ahora sí, de ser asistidos por abogado y procurador.

No hay que olvidar, que también puede darse el caso de que el deudor ni pague ni se oponga a la petición. En ese caso el Juzgado emitirá un Decreto dando por finalizado el procedimiento monitorio. Dicho Decreto tiene el valor de una sentencia y los efectos de un título ejecutivo, lo que hace que se pueda solicitar el inicio de un procedimiento de ejecución, y como consecuencia de ello, se puedan embargar todos los bienes del deudor necesarios para cubrir la cantidad debida y, con ello, efectuarse el pago.

En definitiva, aunque existen también otras vías para reclamar el impago, el procedimiento monitorio supone una serie de ventajas, al agilizar todos los trámites, debido a sus escasas formalidades y a sus breves plazos, así como al garantizar en gran medida el pago, pudiendo embargar los bienes del deudor en caso de que no se manifieste sobre la petición presentada.

Como se puede ver, no todo está perdido cuando el deudor se niega a pagar voluntariamente la deuda contraída. Gracias a este procedimiento y con un buen asesoramiento jurídico que realice una tramitación apropiada, aumentan las posibilidades de conseguir el abono de la cantidad adeudada.

La venta de inmuebles de menores o incapaces

¿Qué sucede cuándo un menor o incapaz se ve involucrado en un negocio jurídico, por ejemplo, al convertirse en propietario de un bien inmueble por herencia o donación?

Nuestra legislación es muy cautelosa a la hora de salvaguardar y preservar los derechos e intereses de los sujetos menores de edad o de los considerados incapaces. Así pues, a las personas con Alzhéimer, demencia o trastornos mentales que se les haya declarado judicialmente como incapaces se les atribuye un tutor legal que será quien que se encargue de gestionar y administrar el patrimonio de estos.

En muchas ocasiones, tanto el tutor legal, en caso de los sujetos incapacitados, como la persona que ostente la patria potestad, en caso de un menor, consideran que lo idóneo es vender el inmueble en beneficio siempre de su representado. Si bien en algunas actuaciones jurídicas basta tan solo con su autorización como representantes de dichos sujetos, en el caso de la venta de un inmueble será necesaria además autorización judicial, salvo en el supuesto de que el menor hubiese cumplido 16 años pues bastaría con que dicho menor otorgase consentimiento de venta en escritura pública.

 ¿Cómo se solicita la autorización judicial?

Para solicitar una autorización judicial de venta de inmueble es necesaria la intervención de abogado y procurador, siempre y cuando el valor del inmueble supere los 6.000 €.

Se debe presentar ante el Juzgado de Primera Instancia en el que se encuentre la vivienda solicitud de autorización judicial para que se proceda a la venta directa del bien del menor o del incapaz. En dicho escrito quedaran fundamentadas las razones que aconsejan la venta, siempre en beneficio del propietario menor o incapaz. Un ejemplo de ello sería argumentar que la vivienda de la que el incapaz es propietario le genera unos gastos en su patrimonio superiores a sus ingresos, por lo que ello traería como consecuencia desventajas económicas que se evitarían con la venta al mejorar la situación patrimonial de ese menor o del incapaz.

Junto con la solicitud, además, se debe aportar la nota del Registro que acredite la titularidad de la finca, tasación actual de la misma, realizada en los tres meses anteriores a la solicitud de la autorización judicial de venta, y si el sujeto fuese incapaz la Sentencia de incapacidad.

Además, se habrá de presentar diversa documentación relativa a cómo el menor o incapaz adquirieron la propiedad del inmueble. Por ejemplo, si el bien se adquirió por herencia, habría que adjuntar el testamento, la adjudicación de herencia y declaración de herederos. Por otro lado, si se hubiese adquirido por donación, se debería aportar la escritura pública de la donación. En el caso de los sujetos incapaces, el documento que acredite si el inmueble era de su propiedad con anterioridad a ser declarado incapaz, como la escritura de compraventa.

Y finalmente, sería conveniente acompañar a la citada solicitud cualquier otro tipo de documento que refleje que dicha vivienda genera unos gastos o perjuicios para el menor o el incapaz, tales como el pago del IBI, de la comunidad de vecinos, etc.

Una vez presentada la solicitud de autorización judicial de venta junto con la documental, se citará al tutor legal o a la persona que ostente la patria potestad, como al resto de propietarios del inmueble, en caso de que dicho inmueble tuviera varios propietarios, para ser oídos por el Ministerio Fiscal, quien emitirá un informe que puede ser favorable o desfavorable, sobre la pertinencia de la venta del inmueble.

Por último, el Juez, atendiendo a dicho informe y a las manifestaciones realizadas en la demanda, será quien determine mediante auto si procede o no la venta.

Si se aprueba la venta, bastaría con aportar el auto favorable en la Notaría. En cuanto a la venta, existen varios aspectos a tener en cuenta, uno es que el precio de venta del inmueble ha de ser aproximadamente igual al que se establece en la tasación del inmueble, otro es que si finalmente se decidiese rebajar el mismo, se debe informar al Ministerio Fiscal y el tercero es que el precio obtenido por la venta deberá ingresarse en la cuenta bancaria del incapaz o del menor.

Ahora bien, cabe la posibilidad de que el Juez rechace la autorización de venta por considerarla inútil o por considerar que no aporta beneficios al menor o incapaz. En este caso, habría que interponer recurso de apelación contra dicha resolución.

Para evitar esta engorrosa situación, es importante acreditar correctamente con la debida documentación que con la venta el menor o incapaz obtendrá ganancias o disminuirá pérdidas.

En conclusión, la argumentación realizada en la solicitud junto con la documental pertinente son los pilares básicos para obtener una resolución favorable de la autorización de venta, por ello, entendemos que lo idóneo es contactar con un profesional del derecho para que le asesore jurídicamente en su caso concreto.

¿Cómo reclamar en caso de accidente de tráfico?

Nunca se piensa que vaya a ocurrir, incluso llegar a pensar en esa posibilidad nos parece que estamos tentando a la suerte, pero lo cierto es que a lo largo de nuestra vida todos nos hemos visto involucrados en algún tipo de siniestro. Y es que cuando ocurre, los nervios del momento nos juegan una mala pasada y no sabemos realmente cómo actuar. Para no salir mal parados de toda la situación intentaremos hacer un breve repaso.

En primer lugar, si solo hay dos vehículos implicados se puede considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso entre las partes mediante la redacción de la Declaración Amistosa de Accidente (DAA), más conocida como “parte”.  Es quizás lo más cómodo, sencillo, pues todos llevamos un formulario en la carpeta de documentación del coche, y la mejor forma de explicar y determinar cómo se ha producido el siniestro y resolver la culpabilidad. Ahora bien, este parte se debe cumplimentar en el lugar del siniestro pues ya en frío puede que el panorama y la visión del oponente cambie por completo y  hasta que niegue lo sucedido más adelante. Aunque el mismo parte de accidente te irá guiando en la información necesaria, cuánta más información posible se detalle del vehículo y conductor causante del accidente, mejor. Incluso, hoy que todos llevamos un teléfono móvil a mano, casi es más seguro hacer fotos del vehículo contrario para quedarnos con la matrícula y modelo del coche, así como de cualquier tipo de destrozo material sufrido.

En caso de que haya víctimas en el accidente de tráfico, ya sean lesionados o heridos, los responsables de levantar el atestado policial será la Guardia Civil o la Policía Local según si el siniestro ha tenido lugar en vía urbana o interurbana. Según la Dirección General de Tráfico en su página web, el atestado policial es un instrumento oficial en el que se exponen “los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y todas las circunstancias que hubiesen observado y que pudiesen constituir indicio de delito” en el transcurso del siniestro. Si bien en dicho atestado quedan reflejados los datos de los vehículos implicados en el accidente, como matrículas, datos de contacto de las personas afectadas, test de alcoholemia, etc., también se deben hacer fotografías  del estado del vehículo tras el accidente, del lugar del siniestro, así como de otros objetos que se encuentren dentro para poder valorar y probar posteriormente la cuantía de los daños materiales ocasionados.

Y aunque en principio pueda parecer que no se han sufrido lesiones, sería recomendable acudir a un hospital para someterse a una exploración médica, ya que puede que las lesiones se manifiesten en los días posteriores al impacto. Ese parte médico será de especial relevancia para poder valorar el alcance de dichas lesiones si las hubiera.

Cuando ya todo se calme y hayamos valorado la situación, tendríamos el plazo de un año  desde la fecha del accidente para iniciar un procedimiento judicial y reclamar la indemnización por los daños causados. Conforme al artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación, se establece como obligatoria la reclamación previa a la compañía aseguradora de la persona causante del accidente antes de iniciar cualquier procedimiento judicial y en la redacción dada por la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, se establece que solo es aplicable a los accidentes de circulación ocurridos a partir del 1 de enero de 2016.

Por consiguiente, tanto para dicha reclamación previa como para el procedimiento judicial será importante aportar  toda esa información recopilada en el momento del siniestro (fotos, datos de vehículos, declaraciones de testigos, parte médico del hospital, etc.), así como con posterioridad al mismo, tales como facturas que acrediten la necesaria reparación de los objetos dañados, partes de baja y alta en la Seguridad Social (si, como consecuencia del accidente, las lesiones hubiesen impedido posteriormente desempeñar la función laboral con normalidad) y los informes de los tratamientos de rehabilitación que hubiesen sido necesarios. Además, también sería aconsejable  acompañar un informe pericial en el que se especifique la indemnización que nos correspondería por las lesiones conforme a los baremos actuales.

La compañía aseguradora contará de un plazo de tres meses para contestar dicha reclamación previa y ofrecer la cantidad que estime en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente. No obstante, puede ocurrir que en ese plazo la aseguradora no presente ninguna oferta de indemnización, o bien que lo que ofrezca no nos parezca conforme o que incluso haya presentado una oferta y, pese a haberla aceptado nosotros, no se hubiera hecho el pago en el plazo establecido de cinco días. Así pues, de ocurrir cualquiera de estos supuestos, solo cabría la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial para hacer valer nuestros derechos.

Este procedimiento comenzaría con la presentación ante el Juzgado del lugar donde se produjo el accidente de una demanda en la que se reclame la indemnización por los daños producidos junto con los intereses de demora.

Como se puede apreciar, la justificación de los daños producidos, así como un buen asesoramiento jurídico, son las piezas fundamentales para poder obtener una indemnización como consecuencia del siniestro, compensando así los problemas que produce esta delicada situación.